LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

“No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder.  (…) La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia, el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del sistema”.

Esta frase, pronunciada por Leoluca Orlando, diputado italiano y ex alcalde de Palermo durante una visita a Bogotá el mes noviembre de 2009, sintetiza de manera contundente los alcances e implicaciones de la corrupción en el mundo.

En particular, es importante llamar la atención sobre la relación que establece entre corrupción y democracia.  Las prácticas corruptas impiden materializar los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.

La corrupción ha sido definida por Transparencia Internacional como “el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.  Esta definición se quede corta para entender la complejidad del fenómeno en sociedades como la nuestra.  

En particular, hay algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas, el círculo perverso entre violencia y corrupción, y la captura del Estado por actores legales e ilegales. 

En los últimos años el país ha presenciado cómo algunas entidades del Estado del nivel nacional, regional y municipal, diferentes ramas del poder público y órganos de control han sido capturados por intereses de sectores que han favorecido sus propios intereses por encima de los intereses generales.  Y lo han hecho de diferentes maneras: mediante el uso indebido de los recursos públicos, incidiendo en los procesos decisorios y en la formación de las leyes y, en ocasiones, mediante el uso de la fuerza y la violencia.
Pero además de estos factores, hay otros que no pueden perderse de vista:

• La concentración creciente del poder en el Ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos
• El clientelismo
• La impunidad
• La falta de transparencia en la financiación de la política
• La “cultura del atajo” y el “todo vale”
• Una débil cultura de rendición de cuentas
• Las falencias en el cumplimiento del derecho de acceso a la información
• La captura del estado por actores legales e ilegales
• El incumplimiento de la normatividad vigente
• Debilidades en la institucionalidad estatal