Es importante llamar la atención sobre éste último aspecto, las debilidades o fisuras institucionales. Es precisamente del reconocimiento de la incidencia de estas debilidades en la corrupción, que Transparencia por Colombia ha desarrollado los Índices de Transparencia Municipal, Departamental y Nacional, una herramienta que permite alertar sobre los riesgos de corrupción en las entidades públicas. Y a partir de la identificación de estos riesgos, proponer acciones que permitan diseñar planes, políticas y acciones por la transparencia y contra la corrupción. Para ello, es necesario convocar a los gobernadores y alcaldes, a las autoridades del nivel nacional y local, a los órganos de control, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación para luchar conjuntamente contra la corrupción y por la transparencia.
Los Índices de Transparencia evalúan tres factores:
- Visibilidad: es la capacidad para hacer visible de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada sus políticas, procedimientos y decisiones en temas como por ejemplo la contratación, recurso humano, la planeación y sistemas de atención al ciudadano, trámites, rendición de cuentas a la ciudadanía y gobierno electrónico, y entrega de información a Transparencia por Colombia..
- Institucionalidad: es la capacidad para que los servidores públicos y la administración en su conjunto, cumplan las normas y estándares establecidos para todos los procesos de gestión. Este factor se refiere a la gestión de la contratación y del talento humano, estructura de la planeación y sistemas de información para la gestión.
- Control y sanción: es la capacidad para realizar acciones de control y sanción derivadas de los instrumentos internos de las entidades, de los órganos de control y de la intervención de la ciudadanía mediante la apertura de espacios de participación. Incluye aspectos como responsabilidad fiscal, gestión disciplinaria, sanción en giro de regalías, entrega de información a organismos de regulación y control y promoción de espacios para la participación ciudadana.
Los resultados de la última medición de éstos Índices se dieron a conocer al país el pasado 24 de noviembre y 9 de diciembre de 2010. Estos nos indican que “la construcción de instituciones fuertes que puedan prevenir y luchar contra la corrupción es una meta por alcanzar”. Por ejemplo, los procesos de contratación no son suficientemente públicos, los contratos de obra no se monitorean frecuentemente, no se identifican oportunamente los riesgos en la contratación, se presentan pocos proponentes y es recurrente la contratación directa. Y en cuanto al recurso humano, también se observan serias falencias en aspectos como los perfiles de los funcionarios y los concursos y evaluaciones periódicas.
En general, se puede afirmar que los mayores riesgos se concentran en la alta discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones, el incumplimiento de las normas, insuficiencias en la apertura informativa y, de manera relevante, en la precariedad de las sanciones y los controles, tanto por parte de los órganos de control y de justicia, como de la sociedad civil. No obstante, el problema va más allá de las normas. Este factor es importante, pero por sí solo no es la solución. Se requiere voluntad política y cero tolerancia a la corrupción.
Para lograr este propósito, se debe trabajar en el diseño de una Política de Estado por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción que involucre a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles de gobierno, así como al sector privado y organizaciones no gubernamentales en el esfuerzo común de combatir la corrupción. Para esto se debería promover un consenso nacional sobre las prioridades y temas clave, que identifique compromisos y responsabilidades de los sectores relevantes, así como políticas, con su correspondiente plan de acción e instrumentos. Para ello se deben definir objetivos precisos, con metas de impacto, indicadores verificables, con el fin de elaborar planes con orientaciones concretas y poder realizar seguimiento y evaluaciones rigurosos.
Una política pública de lucha contra la corrupción debe contemplar medidas de prevención, investigación y sanción, y propender por la integración y coordinación de todos los entes responsables de su aplicación. Y ajustarse al pleno cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción , de las cuales Colombia es singnataria.
Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma. Por ello es indispensable aumentar la capacidad del Estado para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la gestión pública en temas relacionados con la corrupción. Entre ellos, por su impacto en el fenómeno, cabe destacar los siguientes:
- Gestión de la contratación estatal.
- Gestión contable y desempeño financiero
- Fortalecimiento de la institucionalidad local y departamental
- Acceso a la información
- Promoción y publicidad de las decisiones y acciones públicas
- Rendición de cuentas
Pero más allá de las normas, una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de educación y de participación ciudadana. Y sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la corrupción: el sector público, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía.
Solo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y altos rendimientos y se convertirá en una de alto riesgo y bajos rendimientos.
